Google pierde su última batalla: la UE le cobra $4.700 millones por monopolio Android

4.700 millones de dólares. Eso es lo que Google va a tener que pagar —ahora sí, sin más apelaciones posibles— tras perder el último recurso judicial ante la Corte de Justicia de la Unión Europea, el máximo tribunal del bloque. El fallo rechazó el recurso de Alphabet y confirmó la multa que la Comisión Europea había impuesto originalmente en 2018 por prácticas anticompetitivas en el ecosistema Android.

Una multa que tardó ocho años en quedar firme

El caso arrancó cuando la UE detectó que Google obligaba a los fabricantes de dispositivos Android —Samsung, Xiaomi y otros— a preinstalar Google Search y Chrome como opciones predeterminadas a cambio de acceso a la Play Store. El esquema es conceptualmente parecido al que le valió a Microsoft, décadas atrás, una acción legal histórica por incluir Internet Explorer como navegador por defecto en Windows. El Tribunal General redujo la multa original de 4.340 millones de euros a 4.125 millones; la Corte de Justicia acaba de confirmar ese monto sin posibilidad de recurso adicional. Como resumió Ryan Whitwam en Ars Technica: 'The appeal brought by Google and its parent company Alphabet against the judgment of the General Court is dismissed'.

No es la primera derrota judicial multimillonaria de Alphabet en Europa. En 2025, la compañía también perdió una apelación por una multa de 2.950 millones de euros vinculada a su negocio de publicidad digital. Si se suman ambas sanciones ahora firmes, Google debe más de 7.000 millones de euros en multas europeas confirmadas. Una cifra que en términos absolutos representa apenas semanas de ingresos para Alphabet, pero que instala un precedente regulatorio que los tribunales de otras jurisdicciones observan con atención.

La Digital Markets Act como próximo campo de batalla

Estos fallos no son capítulos cerrados: fortalecen la base legal de la Ley de Mercados Digitales europea (DMA), que desde 2023 obliga a los llamados 'guardianes de acceso' —Google entre ellos— a ofrecer pantallas de selección de buscador en Android y a no favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda. Cada sanción confirmada agrega legitimidad a las restricciones vigentes y sube el costo político y económico de ignorarlas.

Para Google, el problema ya no es solo financiero. La empresa adaptó sus acuerdos con fabricantes en 2018 luego de la primera sanción, pero la presión regulatoria no cedió. La DMA introduce multas adicionales de hasta el 10% de la facturación global para casos de incumplimiento reiterado, y la Comisión Europea cuenta hoy con herramientas de enforcement que en 2018 todavía no existían.

Qué significa esto para las empresas que dependen de Google

Para una PyME argentina que vende online y depende del ecosistema de Google —desde el posicionamiento en Search hasta Google Ads o Google My Business— este tipo de regulaciones importa aunque esté a miles de kilómetros. La presión europea históricamente empuja a las plataformas a adoptar modelos más abiertos en todo el mundo, o al menos a ser más cuidadosas con las prácticas que saben que van a enfrentar escrutinio. Que el precedente no haya llegado todavía con la misma fuerza al mercado latinoamericano no significa que no llegue. Más competencia entre plataformas de búsqueda, en teoría, debería traducirse en más opciones para que los negocios chicos sean encontrables sin depender únicamente de pagar publicidad.