Antes de que SpaceX salga a bolsa, ProPublica publicó esta semana un dato que va a complicar el proceso de due diligence del IPO más esperado de Silicon Valley: al menos una docena de inversores con domicilios en China continental, Hong Kong y Rusia compraron acciones de la empresa entre 2018 y 2021, con inversiones que van desde USD 800.000 hasta USD 40 millones por parte. Y lo hicieron de una manera que los mantuvo fuera del radar regulatorio durante años.
La investigación es de Justin Elliott y Joshua Kaplan de ProPublica, y se basa en una lista privada de inversores de SpaceX obtenida a partir de un litigio corporativo en Delaware. El mecanismo fue claro en su opacidad: los inversores canalizaron los fondos a través de Tomales Bay Capital, una firma estadounidense intermediaria, y el dinero viajó desde China pasando por las Islas Caimán u otros centros financieros offshore antes de llegar a SpaceX con apariencia de inversión occidental.
Los casos más documentados
El ejemplo más detallado del informe es el de David Su, de una firma llamada MPCi, que invirtió USD 15 millones en un fondo de SpaceX en 2020 a través de una entidad de su propiedad. Bracket Capital, vinculada a fondos de la familia real de Qatar, puso aproximadamente USD 48 millones entre 2017 y 2020. HAL9001 Partners Fund I aportó otros USD 10 millones ese mismo año.
Cuando la escala de estas inversiones quedó expuesta —o cuando los reguladores empezaron a hacer preguntas más concretas en el contexto de la preparación para el IPO— SpaceX tomó una decisión reveladora: excluyó a inversores de China y Hong Kong del proceso de salida a bolsa "debido a riesgos regulatorios y de cumplimiento". El dinero, sin embargo, ya estaba adentro desde hace años.
Por qué esto va más allá del drama corporativo
La preocupación de fondo no es moral ni política en sentido estricto: es geopolítica y técnica. SpaceX no es solo una empresa de cohetes. Opera Starlink, la red de internet satelital con presencia en decenas de países incluyendo Argentina, y tiene contratos activos con el Departamento de Defensa de EE.UU. La pregunta regulatoria que ahora cuelga sobre la empresa es si esos inversores tuvieron acceso a información no pública sobre tecnología o estrategias sensibles durante los años en que fueron accionistas.
El Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) es el organismo que revisa exactamente este tipo de situaciones. En el contexto político actual —con restricciones a exportación de chips avanzados, auditorías de inversión china en infraestructura crítica y un Congreso muy sensible al tema— este caso llega en un momento de máxima sensibilidad, justo cuando Musk intenta completar uno de los IPOs más complejos y escrutados de la historia reciente.
La lectura para Argentina y para las empresas que usan Starlink
En Argentina, Starlink opera como proveedor de internet en zonas rurales y cada vez más en entornos logísticos, agropecuarios y corporativos que buscan conectividad en áreas sin cobertura terrestre confiable. Que la empresa que opera esa infraestructura tenga en su historia reciente inversores no identificados que accedieron a través de vehículos offshore no cambia nada técnicamente, pero agrega una capa de contexto para quienes toman decisiones de infraestructura crítica.
El patrón que describe la investigación —inversiones en startups de alto valor estratégico canalizadas por intermediarios offshore para evitar escrutinio— no es exclusivo de SpaceX. Es el mismo mecanismo que reguladores en EE.UU., Europa y varios países latinoamericanos están tratando de cerrar con nueva legislación de transparencia de inversiones extranjeras. El timing de esta revelación, justo antes del IPO, va a forzar una conversación que claramente hubiera preferido no tener.
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